ESTÁ PROHIBIDO HACER POLÍTICA.

Las organizaciones no gubernamentales en el país incluyen una muy variada representación que va desde asociaciones, cooperativas, gremios, sindicatos, fundaciones, corporaciones, asociaciones barriales, ligas deportivas, comités de padres, clubes, condóminos, y muchas más. Son entidades constituidas con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales, definidos por sus integrantes e independientes de gobiernos locales, nacionales e internacionales.

En el mundo y el Ecuador no es la excepción, se organizaron para actuar en una amplia variedad de temas y ámbitos en los que realizan su trabajo, relacionados con la defensa de la naturaleza, la salud, el trabajo, la investigación, la cultura, los derechos humanos, la transferencia de tecnología, la ayuda humanitaria, el deporte, la migración, la participación ciudadana, la democracia, la vivienda, la niñez, la recreación, el desarrollo humano y económico. Obviamente para su accionar y apoyar las debilidades del Estado en estos ámbitos también deben incidir en políticas públicas, desde la propuesta de leyes o reformas a las existentes cuando no existen o resultan insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad, en las instancias públicas correspondientes, o en la defensa de los derechos cuando estos son violentados por parte de los órganos del Estado o de sus miembros. En estos temas podemos incluir también la corrupción y los abusos públicos o privados.

Para poner un ejemplo urbano, si los moradores de las Acacias o de la Maldonado en Quito no se organizaban con el apoyo de ONGs, no habrían logrado la restitución de los parques en sus barrios, ilegal e ilegítimamente vendidos a particulares con la complicidad de funcionarios municipales. Los vecinos de estos barrios fueron amenazados, encarcelados pero su organización y su lucha les permitió vencer poderes fácticos. Y esa fue una lucha política organizada por ellos y las ONGs. Y esas historias, unas más complejas, difíciles y no sin riesgo de un sinnúmero de personas que deciden organizarse para mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y participar activamente en la construcción de lo que ahora se llama el sumak kawsay es la participación política, como ya lo definía hace siglos Aristóteles.

La constitución garantiza el derecho a la libre organización y establece al Estado como garante de ese derecho, sin embargo los decretos Decretos Ejecutivos 982 y 1389 expedidos en este régimen pretenden restringir y controlar el accionar de las ONGs, con el argumento de que intervienen en política. Se pretende silenciar estas voces y detener el accionar de los ciudadanos y sus organizaciones, sobre todo de las que cuestionan el modelo económico y político, como dijo recientemente el presidente Rafael Correa: “ONG que se mete en política se va del país, porque está prohibido hacer política, si quieren hacer política armen un partido político, dicho sea de paso la CONAIE como organización social tampoco puede hacer política, y es lo que más hace, pero se cree por encima de la ley”.

Dirán que las ONGS no quieren que les controlen, sin embargo que los mecanismos de regulación existían antes de esos decretos, el problema es que la definición de si cumplen o no sus fines o comprometen la seguridad o los intereses del Estado pende de un delgado hilo, quien decide si la intervención en política de las ONGS amerita su clausura es el gobierno. Esta definición pedestre de la política, que aparentaría poca rigurosidad académica, en realidad encierra rasgos totalitarios y peligrosos. Ya en el neolítico se hacía política para organizar la sociedad, pero en el Ecuador parece que las megabestias no existen solamente como restos fósiles, sino que la herencia genética ha perdurado en la actual dirigencia en el poder y su nueva megapolítica.

Por: Ricardo Buitrón