OPINIÓN

LA JUVENTUD FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Y LA LEY DE COMUNICACIÓN

Sin duda alguna, que el Ecuador de hoy avanza a nuevas y grandes trasformaciones que parten desde los principios y garantías reconocidas en la Constitución de la República, ratificada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano.

Este nuevo rumbo, que no se desarrolla a la perfección, que tiene algunas limitaciones y desaciertos innegables como todo proceso de cambio, nos brinda la oportunidad de ser mejores, si todos aportamos significativamente con nuestros esfuerzos. Nadie puede excusarse, todos debemos hacernos presentes, pero no como fieles sirvientes del poder sino como hombres y mujeres críticos y propositivos, responsables con la sociedad y fundamentalmente comprometidos con la patria.

Entonces, en el cumplimiento de este sagrado deber, y frente al proceso de reordenamiento jurídico, demos manifestar como jóvenes nuestra posición firme y clara, ante la Libertad de Expresión y el proyecto de Ley de Comunicación.

Para ello, reconocemos que “la libertad de expresión nos permite difundir nuestras ideas, con apego a la verdad; tiene sus límites para evitar crear conflictos valiéndose de este derecho”. Mientras que la libertad de prensa se refiere al derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación sin el control del Estado, pero además sin el control de intereses monopólicos que pretendan hacer de la comunicación un instrumento de poder para sus mezquinos intereses.

Estos principios fundamentales se encuentran tipificados en el derecho internacional y en el ordenamiento jurídico interno. Así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determinando que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Según el artículo 384 de la Constitución de la República, “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.

También se reconoce el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; el acceso universal a las tecnologías; la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas; el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

Estos y otros derechos constitucionales deben estar reflejados obligatoriamente en la Ley de Comunicación, y aunque no sea de buen agrado para todos, los derechos fundamentales se cumplen y se exigen, no se postergan ni se imploran. Por estas razones, los jóvenes demandamos de una ley, no de medios, pero de sí de comunicación.

Requerimos de una Ley respetuosa del derecho a la libertad de pensamiento, pero asimismo de una norma muy rígida para evitar los chantajes, la desinformación y las injurias que atentan contra la dignidad humana.

Sabemos que cuando un medio de comunicación, sin pruebas y con informaciones inexactas emita informaciones que agravian a una persona, tenemos derecho a la rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita; no obstante, la mayoría somos testigos de cuantos medios irrespetan nuestro derecho y jamás se atreven a rectificar como manda la ley. Por eso, la desinformación y la calumnia, deben estar prohibidas y además deben ser sancionadas penalmente.

Basta de publicar declaraciones falsas o inmiscuirse en la vida íntima para hacerla pública como lo hacen los faranduleros, esto no es libertad de expresión. Esto hay que detenerlo porque atenta a la honra de la persona.

En la actualidad, muchas empresas han pasado de la comunicación, al negocio de la desinformación. Teniendo la obligación de decir la verdad, lo que hacen es distorsionarla. Además, tenemos la publicidad y los programas de televisión que utilizan a la mujer como un objeto mercantil, las escenas de violencia, la pornografía, los supuestos programas de humor que se burlan de las personas y de los pueblos sobre todo de las minorías étnicas, los comentarios racistas y discriminatorios.

Ahora argumentan que solo los medios privados garantizan una comunicación independiente ¿quién puede asegurar esto? Pues en la realidad estos medios responden como no puede ser de otra manera a los intereses privados que los controlan, es decir a sus dueños.

Si entendemos a la libertad de expresión como dicen algunos sectores privados, entonces muchos de nosotros jamás hemos tenido la oportunidad de ejercer este derecho, pues díganme ustedes cuantas veces los han entrevistado en teleamazonas o en otro canal nacional de televisión, cuantas veces aparecieron sus opiniones en Diario el Universo y otros medios nacionales. En la práctica son los dueños de los medios los que deciden quienes tienes derecho a la libertad de expresión, pues ellos deciden que noticias emitir y a quienes entrevistar.

No obstante, esto no significa que estamos a favor de que el gobierno controle la comunicación en el país, pero si queremos que la ciudadanía tenga reales oportunidades de participación mediante veedurías públicas tanto para las empresas privadas como para las medios públicos controlados por el Estado, que hasta el momento solo se han dedicado a realizar la propaganda del gobierno.

Los jóvenes exigimos una ley de comunicación participativa, democrática y respetuosa de los derechos humanos; exigimos un nuevo rol de los comunicadores sociales, que fundamenten su accionar en la ética y los valores; requerimos de medios de comunicación más accesibles para el pueblo.