DOCUMENTOS PARA LAS MESAS DE DEBATE

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LOS JOVENES COMO ACTORES SOCIALES

Solo somos jóvenes una sola vez en la vida, llenos de valor, coraje, valentía y sobre la virtud que nos caracteriza de ser rebeldes de luchar por lo justo en donde quiera que estemos en cualquier circunstancia que nos encontremos, aquella efervescencia por la humanidad debemos aprovecharla, dejando verdaderamente huellas en el transcurso de nuestra historia, que sirva como ejemplo valedero y sostenible realmente desde diferentes aspectos, asimilando la teoría con la practica esencia que nos permitirá crecer cada día que pasa para convertirnos en una mejor persona. Por ello, es necesario aprovechar de la mejor manera posible esa etapa de nuestra vida, a través de la organización que es la mejor manera de planificar cualquier tipo de actividad en beneficio del bien común de la sociedad.

En los actuales momentos los jóvenes tienen que llegar ha comprender que son la esperanza para forjar un nuevo rumbo en nuestro país, aportando al desarrollo e integración de los pueblos. Cuando se ha discriminado, explotado e incumplido los derechos del artesano, del obrero y campesino, los jóvenes han sido un eje fundamental para los cambios sociales, ahora más que nunca solo organizándose se podrá vencer cualquier tipo de dificultad. Algunos desconfían en la juventud justificándose que es por no tener la experiencia necesaria, solamente recordemos cuantos años tenía Simón Bolívar cuando comenzó a luchar por la independencia de América Latina, dando realce a la frase “la práctica hace al maestro”.

Por lo tanto la sociedad debe dar una oportunidad a la juventud de mostrarse tal y como es sin aparentar lo que no es, para poder trabajar socialmente y ser actores del presente y el futuro ayudando a desarrollar destrezas y habilidades a la juventud a través del trabajo voluntario que nos convertirá en personas solidarias, logrando generar conciencia en los demás jóvenes y la sociedad. Los jóvenes son la mayor representación del pueblo en donde se debe abrir caminos hacia nuevos horizontes que permitan crecer al nuevo joven con dignidad, ética y moral, aportando progresivamente como actores sociales

Sin duda alguna, los jóvenes hoy tienen mayor conciencia política, la misma que se ha logrado educándonos desde abajo, ahora entendemos que somos el alma de la patria ardiente como el sol y lleno de fuego como es nuestro corazón, luchando por las injusticias en cualquier parte del mundo que es la causa más noble y leal de un verdadero ser humano.

Por: Roberto Maza

Diario “LA RAZÓN”

ESTÁ PROHIBIDO HACER POLÍTICA.

Las organizaciones no gubernamentales en el país incluyen una muy variada representación que va desde asociaciones, cooperativas, gremios, sindicatos, fundaciones, corporaciones, asociaciones barriales, ligas deportivas, comités de padres, clubes, condóminos, y muchas más. Son entidades constituidas con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales, definidos por sus integrantes e independientes de gobiernos locales, nacionales e internacionales.

En el mundo y el Ecuador no es la excepción, se organizaron para actuar en una amplia variedad de temas y ámbitos en los que realizan su trabajo, relacionados con la defensa de la naturaleza, la salud, el trabajo, la investigación, la cultura, los derechos humanos, la transferencia de tecnología, la ayuda humanitaria, el deporte, la migración, la participación ciudadana, la democracia, la vivienda, la niñez, la recreación, el desarrollo humano y económico. Obviamente para su accionar y apoyar las debilidades del Estado en estos ámbitos también deben incidir en políticas públicas, desde la propuesta de leyes o reformas a las existentes cuando no existen o resultan insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad, en las instancias públicas correspondientes, o en la defensa de los derechos cuando estos son violentados por parte de los órganos del Estado o de sus miembros. En estos temas podemos incluir también la corrupción y los abusos públicos o privados.

Para poner un ejemplo urbano, si los moradores de las Acacias o de la Maldonado en Quito no se organizaban con el apoyo de ONGs, no habrían logrado la restitución de los parques en sus barrios, ilegal e ilegítimamente vendidos a particulares con la complicidad de funcionarios municipales. Los vecinos de estos barrios fueron amenazados, encarcelados pero su organización y su lucha les permitió vencer poderes fácticos. Y esa fue una lucha política organizada por ellos y las ONGs. Y esas historias, unas más complejas, difíciles y no sin riesgo de un sinnúmero de personas que deciden organizarse para mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y participar activamente en la construcción de lo que ahora se llama el sumak kawsay es la participación política, como ya lo definía hace siglos Aristóteles.

La constitución garantiza el derecho a la libre organización y establece al Estado como garante de ese derecho, sin embargo los decretos Decretos Ejecutivos 982 y 1389 expedidos en este régimen pretenden restringir y controlar el accionar de las ONGs, con el argumento de que intervienen en política. Se pretende silenciar estas voces y detener el accionar de los ciudadanos y sus organizaciones, sobre todo de las que cuestionan el modelo económico y político, como dijo recientemente el presidente Rafael Correa: “ONG que se mete en política se va del país, porque está prohibido hacer política, si quieren hacer política armen un partido político, dicho sea de paso la CONAIE como organización social tampoco puede hacer política, y es lo que más hace, pero se cree por encima de la ley”.

Dirán que las ONGS no quieren que les controlen, sin embargo que los mecanismos de regulación existían antes de esos decretos, el problema es que la definición de si cumplen o no sus fines o comprometen la seguridad o los intereses del Estado pende de un delgado hilo, quien decide si la intervención en política de las ONGS amerita su clausura es el gobierno. Esta definición pedestre de la política, que aparentaría poca rigurosidad académica, en realidad encierra rasgos totalitarios y peligrosos. Ya en el neolítico se hacía política para organizar la sociedad, pero en el Ecuador parece que las megabestias no existen solamente como restos fósiles, sino que la herencia genética ha perdurado en la actual dirigencia en el poder y su nueva megapolítica.

Por: Ricardo Buitrón

OPINIÓN

LA JUVENTUD FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Y LA LEY DE COMUNICACIÓN

Sin duda alguna, que el Ecuador de hoy avanza a nuevas y grandes trasformaciones que parten desde los principios y garantías reconocidas en la Constitución de la República, ratificada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano.

Este nuevo rumbo, que no se desarrolla a la perfección, que tiene algunas limitaciones y desaciertos innegables como todo proceso de cambio, nos brinda la oportunidad de ser mejores, si todos aportamos significativamente con nuestros esfuerzos. Nadie puede excusarse, todos debemos hacernos presentes, pero no como fieles sirvientes del poder sino como hombres y mujeres críticos y propositivos, responsables con la sociedad y fundamentalmente comprometidos con la patria.

Entonces, en el cumplimiento de este sagrado deber, y frente al proceso de reordenamiento jurídico, demos manifestar como jóvenes nuestra posición firme y clara, ante la Libertad de Expresión y el proyecto de Ley de Comunicación.

Para ello, reconocemos que “la libertad de expresión nos permite difundir nuestras ideas, con apego a la verdad; tiene sus límites para evitar crear conflictos valiéndose de este derecho”. Mientras que la libertad de prensa se refiere al derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación sin el control del Estado, pero además sin el control de intereses monopólicos que pretendan hacer de la comunicación un instrumento de poder para sus mezquinos intereses.

Estos principios fundamentales se encuentran tipificados en el derecho internacional y en el ordenamiento jurídico interno. Así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determinando que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Según el artículo 384 de la Constitución de la República, “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.

También se reconoce el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; el acceso universal a las tecnologías; la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas; el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

Estos y otros derechos constitucionales deben estar reflejados obligatoriamente en la Ley de Comunicación, y aunque no sea de buen agrado para todos, los derechos fundamentales se cumplen y se exigen, no se postergan ni se imploran. Por estas razones, los jóvenes demandamos de una ley, no de medios, pero de sí de comunicación.

Requerimos de una Ley respetuosa del derecho a la libertad de pensamiento, pero asimismo de una norma muy rígida para evitar los chantajes, la desinformación y las injurias que atentan contra la dignidad humana.

Sabemos que cuando un medio de comunicación, sin pruebas y con informaciones inexactas emita informaciones que agravian a una persona, tenemos derecho a la rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita; no obstante, la mayoría somos testigos de cuantos medios irrespetan nuestro derecho y jamás se atreven a rectificar como manda la ley. Por eso, la desinformación y la calumnia, deben estar prohibidas y además deben ser sancionadas penalmente.

Basta de publicar declaraciones falsas o inmiscuirse en la vida íntima para hacerla pública como lo hacen los faranduleros, esto no es libertad de expresión. Esto hay que detenerlo porque atenta a la honra de la persona.

En la actualidad, muchas empresas han pasado de la comunicación, al negocio de la desinformación. Teniendo la obligación de decir la verdad, lo que hacen es distorsionarla. Además, tenemos la publicidad y los programas de televisión que utilizan a la mujer como un objeto mercantil, las escenas de violencia, la pornografía, los supuestos programas de humor que se burlan de las personas y de los pueblos sobre todo de las minorías étnicas, los comentarios racistas y discriminatorios.

Ahora argumentan que solo los medios privados garantizan una comunicación independiente ¿quién puede asegurar esto? Pues en la realidad estos medios responden como no puede ser de otra manera a los intereses privados que los controlan, es decir a sus dueños.

Si entendemos a la libertad de expresión como dicen algunos sectores privados, entonces muchos de nosotros jamás hemos tenido la oportunidad de ejercer este derecho, pues díganme ustedes cuantas veces los han entrevistado en teleamazonas o en otro canal nacional de televisión, cuantas veces aparecieron sus opiniones en Diario el Universo y otros medios nacionales. En la práctica son los dueños de los medios los que deciden quienes tienes derecho a la libertad de expresión, pues ellos deciden que noticias emitir y a quienes entrevistar.

No obstante, esto no significa que estamos a favor de que el gobierno controle la comunicación en el país, pero si queremos que la ciudadanía tenga reales oportunidades de participación mediante veedurías públicas tanto para las empresas privadas como para las medios públicos controlados por el Estado, que hasta el momento solo se han dedicado a realizar la propaganda del gobierno.

Los jóvenes exigimos una ley de comunicación participativa, democrática y respetuosa de los derechos humanos; exigimos un nuevo rol de los comunicadores sociales, que fundamenten su accionar en la ética y los valores; requerimos de medios de comunicación más accesibles para el pueblo.